ASAMBLEA CIUDADANA
MANIFIESTO AL PAÍS
A raiz de la reunión celebrada, el pasado 30 de enero, con los Partidos políticos Panameñista y Revolucionario Democrático, quienes formalizaron su interés de conversar con nuestra Organización ASAMBLEA CIUDADANA, para poder intercambiar criterios ante la situación nacional y, a los cuales, como colectivos políticos, reconocemos como uno de los actores de la sociedad panameña y que, a lo largo de la historia política del país, han asumido responsabilidades en la conducción gubernamental, convocamos a suscribir este Manifiesto al país.
La ASAMBLEA CIUDADANA, como espacio abierto de diálogo y movilización en que participan actores sociales, -que aunque defiendan intereses diversos-y distintos, intentamos articular temas fundamentales para nuestra sociedad, que contribuyan a la consolidación de una democracia participativa, incluyente y deliberativa, que asegure un desarrollo humano sostenible para todos, concurre a formularles algunos puntos de acción, con la convicción que los ciudadanos exigimos, -cuanto antes-, nuevas formas de regular y ejercer el poder.
La actual crisis global que estamos viviendo, nos exige buscar nuevas formas en la relación con el poder. La inequidad social que mantiene a un gran número de panameños viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sin acceso a la educación, a la salud, al agua potable, a un trabajo digno y una remuneración justa que le de la capacidad para asumir los costos de sus necesidades familiares y que, además le garantice la capacidad de ahorro como único camino para lograr una verdadera liberación.
En la actualidad estamos confrontando la realidad de un gobierno que ha concentrado poder y control casi absoluto de los poderes del Estado, razón por la cual la ciudadanía se encuentra en un estado de indefensión que no permite recurrir a las instancias formales para hacer respetar sus derechos ciudadanos. Basta con mencionar el manejo político de nuestros gobernantes para imponer una Sala V violentando el ordenamiento jurídico. Por lo que reiteramos nuestro llamado a luchar por evitar la imposición de esta Sala V que dará un mayor control del ejecutivo en el Órgano Judicial.
Ante los recientes hecho de Veraguas y Chiriquí, donde los hermanos Ngäbe se vieron obligados a interrumpir el tránsito de la carretera interamericana para obligar al gobierno a respetar los acuerdos firmados hace un año, y que resolvían el conflicto con el tema de explotación minera y de hidroeléctricas en el territorio de la Comarca Ngäbe, ya hemos manifestado la responsabilidad del gobierno con el doloroso desenlace que, nuevamente, ha costado vidas humanas, así como centenares de heridos y detenidos.
Consideramos que debemos de exigir las responsabilidades de los funcionarios que no manejaron con la dignidad de un servidor público las reclamaciones evitando el derramamiento de sangre injustificado, razón por la que exigimos una investigación independiente que pueda deslindar la responsabilidad de quienes dieron la orden y quienes ejecutaron una acción represiva contra el pueblo Ngäbe.
Denunciamos el uso de fuerza letal en una acción de control de multitud que dio como resultado la muerte de por lo menos tres personas, personas desaparecidas, violaciones de mujeres y centenares de heridos, violando convenios internacionales que establecen que los centros de salud y las iglesias deben respetarse como santuarios de protección humanitarias.
Tampoco podemos pasar por alto la gravísima violación de la libertad de expresión, comunicación e información que, violando claros preceptos de la Constitución Nacional, materializó el gobierno al suspender, sin sustento legal alguno, las comunicaciones de telefonía móvil en las áreas del conflicto.
La reconciliación debe pasar por que los responsables asuman las consecuencias de su mal actuar en la protección del orden, bienes y vida de los nacionales y extranjeros que viven en el país, por lo que no podemos promover la impunidad de las autoridades que han violentado el orden legal y constitucional.
El país esta en peligro de que quien está actualmente ejerciendo la dirección del gobierno quiera prolongar su período más allá de lo que la ley y la Constitución establece, imponiendo unas reformas a la Constitución que no responden al querer ciudadano de promover un Nuevo Pacto Social que nos garantice un proceso de Constituyente democrática, equitativa, incluyente y verdaderamente participativa, donde todos los sectores del país tengan algo que decir y se les garantice que sus aportes formarán parte de un auténtico debate nacional que nos ayude a deliberar y tomar la decisión del País que queremos.
Por ello convocamos a los gremios, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a sostener reuniones, conducentes a la conformación de un gran movimiento social unitario.
Los instamos entonces a que demos los pasos necesarios para:
1.-Impulsar y materializar la apertura de un proceso constituyente democrático, participativo e incluyente que, a través del diálogo respetuoso y tolerante culmine en una jornada nacional que impulse el proyecto de convovar una Asamblea Nacional Constituyente.
2.-Realizar los esfuerzos cívicos necesarios para el fortalecimiento de la democracia participativa en todo el territorio nacional con el propósito de defender el logro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho
3.Hacer un llamado a todos los ciudadanos para que participemos en todas las actividades necesarias para promover una permanente participación ciudadana para alcanzar una Constituyente que sea la expresión de la voluntad popular.
4.-Convocar, cuanto antes, a una reunión en la que participen otras organizaciones con el objetivo de aunar esfuerzos para el logro de los propósitos expuestos a través de un Foro Ciudadano
5.-Repudio absoluto a la Sala V y un llamado activo a rechazarla
Como ASAMBLEA CIUDADANA, ejercemos nuestro papel ciudadano porque también reconocemos que, la clase política, no ha sido capaz de garantizar las condiciones para que todos los panameños podamos contar con las condiciones de vida digna a la que tenemos derecho.
Un modelo de desarrollo, que concentra en pocas manos el producto del esfuerzo de todos y que, a la vez, ha sido utilizado para expropiar al Estado de la riqueza que pertenece a todos y debe igualmente servir a todos los panameños.
Estamos convencidos, además que solo un nuevo PACTO SOCIAL que sea incluyente, que asuma las grandes causas nacionales, que se enmarque en un proceso democrático incluyente, participativo y deliberativo, servirá para poder superar la amenaza de un rompimiento de la paz y la tranquilidad en la convivencia de los panameños.
Convencidos que las actuales reglas que rigen el país, han demostrado su desgaste y que requerimos una nuevo ordenamiento General, que solo puede lograrse mediante una CONSTITUYENTE, en donde se garantice el verdadero poder originario que emana del pueblo panameño.
Panamá, 11 de febrero de 2012
Abierto a la adhesión de personas y organizaciones que deseen suscribirlo. Para suscribirlo ir a este enlace.
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